lunes, 12 de marzo de 2018 (San Juan) – El gobernador Ricardo Rosselló anunció ayer la creación del proyecto que denominó “Dale tijera” y que consiste en delegar, reducir o eliminar reglamentos que ya resulten obsoletos, muy burocráticos o que impidan el desarrollo económico de la isla.

Mediante una orden ejecutiva, que firmó ayer durante una entrevista con El Nuevo Día, Rosselló encomendó la evaluación de 8,994 reglamentos listados en el Departamento de Estado al secretario de esa agencia, Luis Rivera Marín.

De entrada, ya conocen que solo 4,416 de los 8,994 reglamentos están activos. Sin embargo, los 4,578 restantes no pueden eliminarse sin evaluación porque, en algunos reglamentos enmendados o consolidados, aún se usan como referencia, explicó Rivera Marín.

Tanto el secretario de Estado como el gobernador aseguraron que el interés de esta revisión es eliminar la burocracia, agilizar los servicios en el gobierno y aumentar la competitividad del país.

“Hoy declaramos una batalla frontal contra la burocracia y la ineficiencia gubernamental. Nosotros aspiramos, como gobierno, a establecer los mecanismos para darle los servicios con agilidad al ciudadano de a pie. Llevamos décadas hablando de la sobreregulación, pero no se ha hecho nada”, apuntó el primer ejecutivo desde la biblioteca de La Fortaleza.

“Se le va a dar tijera a esa sobreregulación, y el proyecto se llama ‘Dale tijera’. Lo que aspira es a identificar toda la regulación, reglamentación que tenemos en el gobierno, y ver si es duplicada, algunas arcaicas y otras que son gestiones que deben ser el tercer sector o el sector privado el que lo maneje, y buscar el mecanismo para reducir (el proceso) y hacerlo más fácil”, explicó.

A modo de ejemplo, tanto Rosselló como Rivera Marín dijeron que existen reglamentos, a su juicio obsoletos, que regulan el mercadeo de huevos, el empaquetado del bacalao, para el ñame y hasta para regular la venta del café colado.

“Son reglamentos que son anecdóticos”, dijo el secretario.

“Las agencias con mayor número de reglamentos son el Departamento del Trabajo, Hacienda, Agricultura y Puertos, entre otros”, apuntó, por su parte, Rosselló.

“La aspiración es transicionar de lo que, en nuestra apreciación, es un gobierno altamente regulado y reglamentado, a un gobierno que sea más administrativo y más facilitador de cara hacia el futuro. Que podamos reducir el tiempo de conseguir permisos. Una de las cosas que necesitamos lograr para demostrar que Puerto Rico está abierto para hacer negocios es demostrar que reducimos barreras”, abundó el gobernador.

La orden ejecutiva firmada, dijo, es el primer paso hacia ese camino. Crea el Comité para Simplificar, Facilitar y Uniformar el Registro de Reglamentos del Gobierno de Puerto Rico. Rivera Marín presidirá ese comité.

Rosselló explicó que escogió a Rivera Marín porque, cuando fue secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), bajo la administración de Luis Fortuño, realizó una tarea similar.

Rivera Marín dijo que, en ese entonces, encontró una cantidad excesiva de reglamentos en el DACO que debió derogar o sintetizar como, por ejemplo, los que regulaban la venta de artículos que se venden como suplementos alimenticios, como la mama juana y la cáscara sagrada. “Eran reglamentos que complicaban la operación de negocios sin añadirle ningún valor a la misión del DACO”, indicó.

Los otros miembros del comité, según lo establece la orden ejecutiva, serán el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado; el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, José Marrero, y el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, Gerardo Portela.

Rosselló sostuvo que, con el comité, colaborará un grupo multisectorial como la Asociación de Industriales, los pequeños y medianos comerciantes y la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos, aunque se mencionan en la orden ejecutiva.

Además, dijo que el pueblo podrá dar su opinión sobre los reglamentos a través de la página web que lleva el nombre de la iniciativa: daletijera.pr.gov.

La orden ejecutiva establece que el comité tendrá 60 días para rendir un informe al gobernador, que deberá entonces determinar la suerte de los reglamentos.

Preguntado sobre cómo se evitará caer en el otro extremo de la moneda que es un gobierno laxo en la reglamentación, Rosselló indicó que el contrapeso lo tendrán los ciudadanos que, en la página de internet, podrán decir qué reglamentos son “inoficiosos”, demasiados burocráticos o necesarios.

“Eso recae en el buen juicio y los parámetros que se establezcan con el ojo del pueblo. Sobre todas estas cosas, hay un nivel de trasparencia y fiscalización adicional que nos permite saber por qué es importante eliminar un reglamento o por qué es importante mantenerlo”, aseveró.

“Ahora mismo, Puerto Rico está en una posición muy burocrática; limita en la capacidad de hacer negocios”, agregó.